Héctor Abad y la Constitución de 1991

Por: Carlos Gaviria Díaz, Viernes 25 de agosto de 2006. Teatro Universitario Camilo Torres Restrepo

Carlos Gaviria Díaz expuso en su conferencia las bondades de la reforma de la Constitución  de 1991, en lo que concierne a los Derechos Humanos y a los derechos fundamentales, los cuales coinciden con los principios que siempre defendió Héctor Abad Gómez. También aclaró cómo esta Constitución plasma un derecho que resulta incompatible con el estatus vigente y por eso los gobiernos se han negado a ponerla en práctica.

Saludo a todos los asistentes, muy especialmente a la familia Abad Faciolince y a la familia Abad Gómez,  al Rector de la Universidad de Antioquia, a las autoridades de la misma, y procedo a hacer la reflexión que me habían solicitado hoy, en otro doloroso aniversario del asesinato del doctor Héctor Abad. Me pareció pertinente, ahora cuando estamos conmemorando el décimoquinto aniversario  de la Constitución de 1991, reflexionar sobre Héctor Abad y la Carta Magna de 1991. Y es que los  temas se avienen de una manera extraordinariamente armónica.

Empiezo recordando un episodio. Estaba preparando una reunión del Concejo Mundial de la  Paz que iba a tener lugar en Sofía, la capital de Bulgaria, y hubo un acto preparatorio en el Paraninfo  de la Universidad de Antioquia. Yo intervine en un panel con algunos otros profesores,  intelectuales  y políticos, sobre el Concejo Mundial de la Paz y específicamente sobre la paz, y recuerdo que Héctor, que estaba sentado entre el público, con la impertinencia que lo caracterizaba, preguntó: “Doctor Gaviria, ¿usted piensa que puede haber paz sin justicia? Y la pregunta me pareció absolutamente pertinente y realmente provocadora.

Yo creo que fue justamente el problema que se planteó el constituyente de 1991 cuando en el artículo 22 de la Constitución se consagra, de una manera un tanto insólita, porque en ninguna otra Constitución del mundo hay un artículo parecido que dice: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Y uno se pregunta: ¿Y eso qué significa? Y los juristas colombianos han hecho mil ensayos de interpretación de ese artículo. Porque si la paz es un derecho, cómo se exige,  ante quién se exige, qué clase de derecho es. Y naturalmente yo pienso que no vale la pena devanarse los sesos preguntado qué tipo de derecho es, ante quién se exige, porque son asuntos, digamos, de técnica jurídica y lo que hay que hacer es reflexionar sobre el sentido que ese artículo tiene dentro de la Constitución de 1991, porque la Constitución de 1991 se dictó de una manera un tanto singular.

¿Por qué la nueva constitución?

Por primera vez, me atrevo a decirlo, era una especie de clamor nacional que provenía de los más  distintos sectores sociales y políticos, en el sentido de que se reformara la Constitución de 1886, pero ese no ha sido un tema que se agite dentro de los sectores populares y en la opinión pública en general. ¿Por qué se pretendía reformar la Constitución del 86? Y se hicieron ensayos para reformar la Constitución del 86 y por distintas razones fracasaron. El último fue durante el gobierno del doctor Virgilio Barco. Y ese clamor no cesó, se seguía insistiendo en que la Constitución debía reformarse. Tanto, que un movimiento estudiantil llamado de La séptima papeleta sirvió de catalizador a ese proceso y por medios muy poco ortodoxos.

La Constitución resultó no sólo reformándose sino que la reforma derivó en una nueva  Constitución. Se convocó una asamblea constitucional que derivó en una Asamblea Constituyente para  dictar una nueva Constitución. Y la pregunta inquietante subsiste. ¿Y por qué tanto interés en que se reformara la Constitución y luego en dictar una nueva Constitución? Y me parece que no es difícil de hallar la respuesta: Todos estamos muy fatigados con una violencia inclemente que vivimos desde hace mucho tiempo y parecería que la opinión en ese momento pensaba que introduciéndole reformas a la Constitución, o dictando una nueva Constitución, podría lograrse un estado de cosas distintas.

Para quienes somos demócratas era sumamente grato escuchar la necesidad de suscribir de nuevo un contrato, un pacto social, pero yo decía: ¡Cómo que volver a suscribir! ¿Cuándo hemos suscrito un pacto social los colombianos? Pero el constituyente de 1991, a mi juicio, procedió con una excepcional sabiduría, porque yo he dicho que hizo un diagnóstico hobbiano de lo que estaba ocurriendo. Estábamos y estamos viviendo una especie de estado de naturaleza donde el hombre es  lobo para el hombre, y ese estado es absolutamente indeseable. Era no sólo desagradable sino difícil sobrevivir en una situación de esas.

Pero el constituyente de 1991, frente a este diagnóstico hobbiano, no procedió como lo pedía  Hobbes¹, que el hombre es perverso, es malo por naturaleza y lo que le conviene es un régimen  político fuerte, autoritario, sino que allí de la mano del antagonista de Hobbes, que es Rousseau², dijo: “Ensayemos, para acabar con esta violencia, métodos que nunca hemos ensayado”. ¿Cuáles son esos métodos? Ustedes saben que Rousseau hacía la conjetura de que el hombre es bueno por naturaleza y que lo conocemos corrompido, lo conocemos malo porque son las instituciones las que lo han corrompido. ¿Y por qué lo han corrompido? Porque lo han atado, porque le han quitado la libertad y cuando a la persona humana le quitan la libertad, entonces se pervierte. Y por tanto la propuesta es una propuesta amable. Es una propuesta de la sociedad donde se pueda convivir en libertad y esa fue la propuesta que hizo el constituyente del 91.

Y volvamos al artículo de la paz, el artículo 22: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Les decía que qué significa eso y tal vez no vale la pena que los juristas se devanen los sesos tratando de desentrañar la naturaleza del derecho que allí se consagra con los  instrumentos aptos para reclamar. Ese artículo cumple con lo que mi amigo Mauricio García³ llama, con todo acierto, un efecto de eficacia simbólica. ¿Qué significa eso? La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Cuando uno lee el artículo dentro del contexto, entonces se hace claro lo que el constituyente pretendía, y ¿cuál es ese contexto? Nosotros en Colombia estamos acostumbrados a una especie de tic colectivo que consiste en que cuando vivimos situaciones dramáticas, situaciones aterradoras, tenemos la tendencia de pedir mano fuerte, la gente sigue pidiendo “mano fuerte… Aquí lo que hace falta es una persona que tenga pantalones, una dictadura, y si es militar, mejor”. Y resulta que el constituyente del 91 no procedió de esa manera y dijo: “Aquí hemos tenido siempre eso, esa mano fuerte, a veces más expuesta y a veces más encubierta, pero eso es lo que hemos tenido los colombianos. Lo que no hemos ensayado es la democracia”, y justamente el constituyente entonces, consagró  un catálogo ambicioso de derechos y de libertades como nunca se había consagrado antes en nuestra historia constitucional.

Se incorporaron derechos para nosotros desconocidos, los derechos económicos, sociales y culturales y además se incorporaron instrumentos, mecanismos idóneos para hacer efectivos esos derechos. Se introdujo la democracia participativa porque la democracia representativa se había convertido en una institución completamente buena. Se introdujeron mecanismos como la acción de tutela, como las acciones populares, como las acciones de cumplimiento para que esos derechos no se quedaran escritos, porque también hace parte de nuestra tradición establecer catálogos ambiciosos de derecho con la esperanza de que se queden escritos. Y entonces, justamente, para que no se quedaran escritos, se introdujeron esos mecanismos y, recordemos, todo eso en función del propósito: lograr la paz.

Paz en la Constitución

Ayer recordaba yo, en un foro que hubo en el Congreso sobre la Constitución del 91, en el cual participaba, que antes de que se expidiera la Constitución de 1991 hubo un panel con unos profesores españoles y alguien en el auditorio, tan impertinente como Héctor, preguntó: “Bueno, ¿cómo se relacionan  la paz y los derechos humanos?” Y uno de los profesores españoles respondió de esta manera: “Es que cuando los derechos humanos tienen lugar, cuando los Derechos Humanos tienen vigencia, cuando son respetados, hay paz”. Y yo dije: Esta es una respuesta adecuada pero yo tengo otra que no contradice ésta sino que más bien la esclarece. Y recordé la pregunta sumamente bien formulada de Héctor, con una respuesta implícita, cuando me dijo: “Usted va al Concejo Mundial de la Paz, ¡qué bueno! ¿Y puede haber paz sin justicia?” Como quien dice: “¿Antes de solucionar ese problemita no tendremos que solucionar otro?” Yo creo que daba en el blanco Héctor cuando formulaba esa pregunta.

¿Qué fue lo que hizo el constituyente de 1991? Hizo un diagnóstico, a mi modo de ver, acertado. Vivimos una situación que yo he llamado anómica que significa que carecemos de normas eficaces para encausar la convivencia de los colombianos por vías civilizadas. Tenemos normas a montones, incluso la queja muy justificada y permanente de que tenemos demasiadas normas y se legisla y se sigue legislando. Pero no parece que las cosas cambiaran mucho con esa legislación. Lo mismo ocurre en el campo de la moral y en todos los campos de reglas que tratan de lograr la convivencia civilizada de las personas y uno se pregunta: ¿Y por qué esas reglas en Colombia tienen tan poca eficacia? Y pienso que la conjetura de que esas normas tienen poca eficacia es porque invariablemente nos han sido impuestas en todos los niveles.

Lo que caracteriza a la democracia –un régimen que nosotros no conocemos, por más que se insista en que esto es una democracia y la más antigua de Latinoamérica y una democracia muy perfecta– es que las personas que van a ser afectadas por una decisión participan en la toma de esa decisión y, entonces, la democracia es una forma de gobierno que se funda en la autonomía. Quien va a ser afectado por una decisión tiene que participar en la toma de esa decisión. Y el constituyente del 91 me parece que optó por esa vía.

Siempre nos han sido impuestas las normas, a eso se le llama una imposición heteronómica y la Constitución del 91 es una constitución fundamentalmente autonomista. Desde el primer artículo dice: “Colombia es un estado social de derecho con autonomía de sus entidades territoriales, fundado en la solidaridad humana, y en la protección de la dignidad humana”, que es una clave formidable para desentrañar el contenido de la Constitución de 1991, fundada en la dignidad humana. Y el artículo 16, a tono con ese principio de la dignidad humana que invoca el constituyente, como justificativo de la existencia del Estado colombiano, dice que las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad. Eso significa que son autónomas. Y que son autónomas significa que son ellas mismas las que deben decidir qué hacer con su vida, qué propósitos perseguir, qué metas tratar de alcanzar, qué sentido darle a su existencia y por qué vías lograr esas metas o buscar esos propósitos.

Es un artículo hermoso que entre nosotros no se conocía y que ratifica lo que llamo el diagnóstico hecho con el constituyente del 91, que las personas no son autónomas, que el ámbito de libertad que tienen es mínimo y que a las personas se les hace creer que toman decisiones, cuando en realidad han sido tomadas por ellas. Cuando esas decisiones las afectan, para consolarlas les dicen: “Pero es que estamos en una democracia y por tanto esa decisión finalmente la tomó usted”.

El constituyente del 91 quiso que aquí hubiera una democracia diferente, o sea, que hubiera una democracia, porque en realidad vivimos en una situación indeseable, anómica, digo yo, y tenemos un conflicto. El doctor Uribe niega la existencia del conflicto con toda lógica desde su perspectiva, porque si se admite la existencia del conflicto, tiene que admitirse también la pregunta siguiente: ¿Y ese conflicto a qué se debe? Ese conflicto tiene causas. Y como seguramente en las causas del conflicto se va a encontrar la pobreza, se va a encontrar la miseria, se va a encontrar la distribución inequitativa de la riqueza, entonces hay que soslayar o dejar de lado esa pregunta y decir: “Aquí lo que tenemos es que conseguir la paz”.

Y será posible, repitamos la pregunta de Héctor, ¿conseguir la paz sin justicia? Porque si hay  mucha pobreza, si hay mucha miseria, si la riqueza está mal distribuida, es porque no hay justicia, y entonces, ¿será posible conseguir la paz sin la justicia? Porque esos derechos, esa tabla de derechos tan ambiciosa que el constituyente del 91 consagró, puede reducirse a uno solo: la justicia. Cuando los derechos humanos tienen vigencia es cuando la justicia puede realizarse. Y el profesor español decía: “Es que si los Derechos Humanos tienen vigencia, entonces la paz va a tener lugar”. Y les decía que yo tengo una respuesta diferente, pero que no necesariamente resulta contradictoria con la anterior, y es esta: Yo creo que en lugar de plantear las cosas de esa manera que los Derechos Humanos rijan para que haya paz, hay que entender que los derechos humanos no pueden ser instrumentalizados. La dignidad humana lo que dispone es que la persona no es un medio para un fin y si los derechos emanan de la persona, entonces tampoco los derechos pueden ser instrumentalizados. Los derechos humanos son un fin en sí mismos, y esa paz que postulan los derechos de la Constitución es una carencia que señala el constituyente que debemos superar. Es decir, tenemos que buscar la paz para que los Derechos Humanos tengan vigencia. Entonces esto es como una especie de juego de espejo. ¿Y cuál es el camino hacia la paz? El camino hacia la paz es la vigencia de los Derechos Humanos, pero la paz se busca, justamente, en función de los derechos mismos para que esos derechos puedan tener lugar Héctor Abad y la Constitución.

Dirán ustedes: Bueno, ¿y dónde queda aquí Héctor? Me referí al comienzo, a modo de anécdota, a la pregunta de Héctor que yo calificaba desde luego, deliberadamente, de impertinente, por lo difícil de responder: “¿Y sí será que puede haber paz sin justicia?” Y digo difícil de responder aun cuando uno casi que tiene la respuesta a flor de labios. Lo difícil es luego hacer la justificación. Es evidente que sin justicia no puede haber paz y esa fue la conjetura del constituyente de 1991 y el camino que indicó para que pudiera haber paz, y una vez más dirán ustedes: ¿Y qué tiene que ver eso con Héctor Abad?

A mi juicio la Constitución de 1991 establece normas que hubieran puesto feliz a Héctor, busca unas finalidades y ella misma es una finalidad que estaba a tono con los sueños de Héctor Abad, porque él buscó siempre la justicia, esa era su obsesión, la justicia social, pero teniendo presente que la justicia no sólo no era incompatible con la vigencia de los derechos sino que sintetizaba los derechos y por tanto que había que buscar la justicia social en un ambiente donde los derechos humanos y donde las libertades tuvieran plena vigencia.

También Héctor decía de una manera simple pero significativa: “Es que yo soy socialista en economía, liberal en política y cristiano en religión”. Alguien podría decir: Bueno, ¡por favor! ¿Ese eclecticismo cómo se aviene, cómo se armoniza? Y él lo vivía de una manera absolutamente congruente. Su sueño era una sociedad donde la riqueza estuviera distribuida equitativamente y, por tanto, donde hubiera justicia social, pero teníamos los ejemplos de sociedades que se proponían una finalidad de esas, a costa de las libertades personales de los derechos individuales, de las libertades públicas y no habían funcionado, pero no sólo no habían funcionado sino que no era deseable ese estado de cosas. Entonces el reto era compatibilizar esa búsqueda de la justicia social con la vigencia de los derechos personales, de los derechos individuales de las libertades públicas. Y por eso decía simultáneamente: “Es que yo, en el campo de la economía soy socialista, pero en el campo de la política soy liberal”, porque reclamó esa vigencia de esas libertades como el ambiente más propicio para que la justicia tuviera lugar. Y luego decía: “Y soy cristiano”, porque Héctor siempre tenía presente al otro, y eso de tener presente al otro, que es el altruismo, es lo que en el cristianismo se llama caridad, amor al prójimo, y en la Constitución colombiana se llama solidaridad. Tener presente al otro en la actuación, tener presente que de mi comportamiento se siguen consecuencias para mi vecino, mi vecino es el próximo y prójimo, que son una misma cosa. Cuando Jesús decía: “Ame al prójimo”, lo que decía era ame a la persona que tiene cerca, y cerca están todos aquellos con quienes uno convive, y por tanto, lo que parecía una afirmación candorosa era perfectamente justificable. Mostrar su armonía, y sobre todo esos valores se conjugaban de una manera perfecta en la personalidad de Héctor. Eso era lo que él hacía.

A Héctor lo tenían por subversivo. Claro, tiene que ser subversivo alguien que dijo que el orden

existente es un orden indeseable. ¿Y qué es un orden indeseable? ¿Por qué? Porque la riqueza está mal distribuida, porque hay mucha pobreza que no debía ser, porque hay mucha miseria que no debía ser. Entonces, naturalmente, como eso únicamente se logra a costa de vulnerar o limitar ciertos intereses, quienes son titulares de esos intereses no quieren que esa subversión ocurra y por tanto Héctor padeció lo que padece siempre el hombre justo: decía en alta voz lo que pensaba, eran cosas que parecían de sentido común pero que afectaban seriamente o ponían en riesgo los intereses de lo que se llama el statu quo. Y por eso se le tenía como subversivo.

Ustedes dirán: Bueno, pero el sueño de Héctor coincide con el de la Constitución. Yo creo que no estoy abusando del pensamiento y de lo que Héctor quería cuando digo que su muerte ocurrió cuatro años antes de que la Constitución del 91 se expidiera y que Héctor se hubiera puesto dichoso con la extensión de la Constitución en esa naturaleza, y que se hubiera aplicado, como era su costumbre, a buscar que los propósitos de esa Constitución se cumplieran.

¿De qué sirve?

Pero fíjense que este país es paradójico, en este momento hacer lo que Héctor hacía y hacerlo incluso bajo una Constitución que condensa esos sueños, sigue siendo subversivo. Claro, ningún gobierno posterior a la Constitución de 1991, y muchísimo menos éste, se ha apropiado de esa Constitución. Les ha molestado que esa Constitución se haya dictado y la han dejado de lado. No la han aplicado. No se han comprometido ni con su letra ni con su espíritu y como la han dejado de lado. Luego, olímpicamente concluyen que esa Constitución no sirve.

En este momento pedir que la Constitución colombiana de 1991 rija es subversivo, y ahí está la paradoja, los subversivos son los que se niegan a aplicar esta Constitución. La subvierten con políticas que contradicen abiertamente la Constitución, tratando de fracturarle las vértebras más significativas en materia de Derechos Humanos, en materia de libertades, en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Ese lenguaje no era todavía muy corriente cuando Héctor hacía sus discursos y dictaba sus cátedras en la universidad. Y cómo hubiera sido de grato ese lenguaje y la oficialización de ese lenguaje, los derechos económicos, sociales y culturales. O sea que tener una vivienda digna es un derecho, acceder a una alimentación digna es un derecho, tener trabajo y que no se le destituya o se le prive del empleo es un derecho. Justamente de todo esto los funcionarios del doctor Uribe han hecho una irrisión: “¿Derechos? ¿Quién les dijo a los jueces colombianos y a los magistrados de la Corte Constitucional que esos son derechos, que la salud es un derecho?” No, ese es un servicio que incluso pueden prestar las empresas privadas con ánimo de lucro, y el que no tiene con qué pagarlo, pues no tiene acceso a la salud. El mensaje del constituyente colombiano es otro y por tanto este mensaje ya viene con el pensamiento y los anhelos de Héctor, con lo que Héctor hizo, con lo que buscó desde la cátedra, desde sus luchas políticas y sociales. El espíritu del constituyente me parece que se identifica de una manera impresionante con los sueños que tenía Héctor Abad. Él decía que era socialista en economía, pero que era liberal en política, y eso lo corroboran, por ejemplo, los escritos que Héctor Abad Faciolince reunió en un hermoso librito llamado Manual de Tolerancia. Yo creo que ese libro debería ser texto obligado en las escuelas colombianas. ¿Por qué? Porque ese Manual de Tolerancia es un documento valioso contra el fanatismo, contra el fundamentalismo, contra el dogmatismo. Porque eso de pensar que mi creencia es una creencia intocable y por tanto si el otro no la comparte, es el otro el que está en el error, cuando en una sociedad pluralista lo que debería haber es una invitación al diálogo permanente, a la confrontación permanente de argumentos, como decía Sócrates: “Los debates o las discusiones que uno pierde son las que gana, porque el otro le enseña a uno que está en un error”. Ese diálogo era lo que Héctor reclamaba y está en la Constitución colombiana cuando dice que Colombia no es ya, como lo era, bajo la Constitución de 1886, un país monolítico, un país que cifraba su unidad nacional en el hecho de que todos los colombianos fueran católicos, de que todos hablaran el idioma español.

Esta Constitución funda la nacionalidad en la diversidad, en la defensa del punto de vista ajeno, en el aprecio por la cultura ajena. ¡Qué mayor mensaje de tolerancia y de respeto que ese! Y esa era la filosofía política que Héctor profesaba y divulgaba. Por eso decía: “En materia política soy liberal, hay que buscar la justicia pero en un ámbito pleno de vigencia de la libertad”.

Y algo más. Como era un hombre absolutamente pacífico, incapaz de tomar un arma en sus manos, pensaba que todos esos propósitos había que buscarlos denodadamente por ese camino, por el camino del diálogo, por el camino de la persuasión, por el camino de convencer al interlocutor de que eso era lo mejor que le podía ocurrir a la sociedad colombiana.

Yo quise aprovechar, les repito, esta conmemoración dolorosa del décimonoveno aniversario del asesinato de Héctor, con el décimoquinto aniversario de la expedición de la Constitución Colombiana, porque me parece que hay una similitud bellamente impresionante entre los sueños, los anhelos, los propósitos de Héctor Abad y lo que es la Constitución de 1991. Por eso asesinaron a Héctor y por eso los gobernantes de turno se empeñan en que la Constitución actual no tenga vigencia. Muchas gracias.

SESIÓN DE PREGUNTAS

Alejandro Gamboa: Soy estudiante de Ciencia Política y propongo una reflexión en torno a Héctor Abad Gómez. La única reflexión que queda por hacer es que la Constitución ha sido cercenada por el derecho y la única salida que queda es la transformación de la cultura política, una tarea que solamente le queda, según la Unesco, a la ciencia política como rama del conocimiento y de la formación ciudadana. Creo que en esa medida esta universidad tiene un enorme trabajo por hacer en una carrera que está en construcción y que aún no se ha visibilizado como el punto nodal, no solamente de la interdisciplinaridad entre las ciencias sociales, sino como el punto nodal en el que esta sociedad, en la que el derecho ha matado la Constitución -que por lo demás no pertenece al derecho sino a la política-, debe recuperar, porque debe ser la ciencia política y debe ser la cultura política las que se planteen en estos espacios de discusión. Porque si hay una critica al gobierno lógica y en términos de ciencia política, desde un análisis coherente, se diría que ese gobierno es subversivo, teniendo en cuenta que no cumple con los ideales y con las cuestiones planteadas dentro de la Constitución. ¿Cómo la Ciencia Política debe colaborar para que ese ideal de justicia se construya desde la sociedad? Muchas gracias.

Voy a hacer un par de observaciones. Yo creo que estamos de acuerdo con los deseos que usted  expone. Los propósitos yo los comparto, pero me parece que es necesario enmendar dos cosas: en primer lugar, no es el derecho el que mata la Constitución. Al contrario, la Constitución lo que plasma es un derecho que resulta incompatible con el status vigente y que por eso los gobiernos se han negado a poner en práctica. Al contrario, una sociedad sin derecho no puede existir, no podemos decir que es el derecho el que está sometiendo a esta sociedad. Es el contenido del derecho en la Constitución el que resulta incompatible con los propósitos, digamos, de quienes encarnan el establecimiento, o encarnan el statu quo. Cuando a la Constitución se le fracturan vértebras, lo que se está mostrando es que no se quiere ese derecho y que el derecho resulta subyugado por el poder, y por tanto un desconocimiento evidente del Estado de derecho. Lo que el Estado de derecho pretende es, ni más ni menos, que el poder esté sometido a reglas y los gobernantes autoritarios son reacios a gobernar entre reglas. Por eso les choca el control. Por eso les choca la Corte Constitucional. Por eso les chocan los jueces que toman en serio su función.

Y en segundo lugar, la Ciencia Política es la que va a constituir la nueva sociedad, no. Yo pienso que la Ciencia Política es esclarecedora y todo esclarecimiento es bienvenido, pero lo que transforma la sociedad es una actitud distinta frente a la convivencia. Concretamente, a la democracia hay que ponerla en juego practicándola. Lo que las universidades deben enseñar no es esta doctrina por mucho que a nosotros nos guste, lo que las universidades deben enseñar es la convivencia civilizada, el diálogo, el pluralismo y la convivencia. Naturalmente, se nutre de teoría pero es mucho más la práctica constante la que va creando ese tipo de hábitos.

Mire, yo estudié un año en España y me encontré con que uno de los cursos obligatorios era lo que aquí podemos llamar instituciones del estado. Era un manual de falangismo y por eso cuando en la universidad proponían hacer una especie de manual de democracia, nada. Justamente la democracia es el sistema que se somete a la contradicción y por tanto no puede haber manuales dogmáticos de democracia. Lo que debe haber son lineamientos generales de convivencia civilizada que ratifican lo que una sociedad democrática es.

Pregunta 2: Desde la Constitución del 91 y desde la consigna del maestro Abad Gómez, ¿cómo se podrían viabilizar los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales desde la perspectiva de este manejo de lo público y lo privado? Hablo desde la perspectiva de esta contradicción de la Constitución Política y la Corte Suprema de Justicia, y fundamentalmente de esa visión que no es solamente total sino también pública, entre la venta de servicios o perspectiva de servicios y la perspectiva de derecho.

Muy buena pregunta. Justamente si hay algo que uno diga debería enmendarse dentro de la Constitución es la parte que se refiere al manejo de la economía y de la ciencia pública, porque cuando el artículo primero de la Constitución establece que Colombia es un estado social de derecho, ese estado social de derecho no se aviene con la manera como se ha venido instrumentando y practicando la política económica y la política de la hacienda pública. Usted se preguntaba qué relación existe entre los derechos civiles y los derechos económicos. Lo que la teoría actual postula es lo que se llama la inescindibilidad de los Derechos Humanos. Primero se acostumbraba a decir que hay derechos de primera generación que son esos que se consagraron en 1789, en la declaración del hombre y del ciudadano de la Revolución Francesa, y derechos de segunda generación, como los derechos económicos y sociales, y de tercera generación, como los derechos colectivos.

La teoría lo que establece hoy es que esos derechos son inescindibles. Que cuando se habla de derechos humanos hay que tomarlos todos en su conjunto, y por tanto que, tan derecho fundamental, no sólo humano sino fundamental, es la libertad de expresión, como el derecho a tener una vivienda digna, salvo que su protección es distinta y su exigibilidad también diferente.

Voy a hacerles una pequeña digresión en torno a eso que consiste en lo siguiente. Los que hayan leído a Kant5 saben que en Kant se distinguen los imperativos categóricos de los imperativos hipotéticos, que lo que hay en común entre esas dos formas de reglas es que la primera, los imperativos categóricos, expresan deberes que lo son siempre y bajo cualquier condición. Así se enuncian pero naturalmente hay posibilidad de señalar condiciones bajo las cuales esos mandatos tampoco son obligatorios. Les pongo un ejemplo. El derecho de respetar la vida ajena, ese es un derecho que rige siempre, salvo que la propia esté en peligro, que no haya manera de desechar la agresión sino dándole muerte al agresor. Entonces uno encuentra una circunstancia bajo la cual un derecho que siempre es exigible no lo es en esa específica circunstancia. En cambio los imperativos hipotéticos expresan también deberes, obligaciones, que lo son pero al revés. Lo son bajo determinadas condiciones. Si determinadas condiciones se dan, entonces esos derechos son una exigencia. Eso es lo que ocurre con los derechos económicos, sociales y culturales, que solamente cuando la persona se encuentra en condiciones determinadas, puede exigir esos derechos legítimamente del Estado.

Yo presenté en la legislatura pasada un proyecto de ley que se llamaba De la tutela social que tendía a que la tutela, simplemente tan denigrada, porque se dice que se está utilizando para lo que no fue diseñada, para proteger el derecho a la salud, a la vivienda, y no es para eso. Lo que pasa es que en cualquier momento yo no puedo decir: A ver, yo he estado muy aburrido en mi vivienda. Estado, déme otra vivienda. Sino que tengo que mostrar en qué condiciones me encuentro, porqué me encuentro en esas condiciones y en qué condiciones encuentro un estado para que el derecho a la vivienda digna sea reclamado, y lo mismo el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo, el derecho a la salud. La Corte Constitucional ha hecho un buen ejercicio de la vigencia de esos derechos que sin duda son tales, son derechos, bajo esas circunstancias. Por tanto cuando se diseña un estado social de derecho, los derechos sociales, económicos y culturales no son de peor familia que las libertades o los Derechos Humanos de primera generación. Su protección es diferente. Se reclama de manera circunstancialmente distinta, pero igualmente son derechos. A los que tienen interés en este tema que es muy bello, yo les sugiero la lectura de un texto excelente que recientemente se publicó en un libro en Colombia del profesor Rodolfo Arango Rivadeneira6 que se llama Los derechos sociales fundamentales, donde se tratan justamente los derechos económicos, sociales y culturales, como derechos fundamentales.

Lo que ocurre es que, justamente, esa renuencia de las autoridades, de los funcionarios del Estado a que la Constitución del 91 tenga vigencia, les ha llevado a trazar políticas públicas que son completamente trasgresoras de la Constitución del 91. Yo recuerdo, cuando hacía parte de ese grupo de la sociedad civil que tuvo acercamientos con el ELN, en Maguncia, Alemania, y en las montañas de Antioquia, a uno de los comandantes le pregunté: ¿A ustedes les disgusta la Constitución colombiana del 91? Dijo: “No nos disgusta, nos gusta, salvo que nosotros no participamos en colaboración, pero además nos gustaría que para alejar todo equívoco quedara claro esto: un articulito donde diga que la política económica de Colombia no es el capitalismo salvaje, y lo que ha reinado es el capitalismo salvaje”.

Yo pienso que la primera gran trasgresión a la Constitución de 1991, la constituye la Ley 100 de 1993. Entregar la salud, que en la nueva Constitución es un derecho fundamental, a la voracidad de empresas con ánimo de lucro para que las personas que no tienen con qué pagar un tratamiento queden, precisamente, al margen de la salud, eso es ir en contra de la Constitución de 1991. Yo creo que si se toman en cuenta dos cosas –el artículo primero dice que es un estado social de derecho y que lo que justifica la existencia de Colombia es la dignidad humana– no habría necesidad siquiera de cambiar la Constitución, pero para que quede claro, yo estaría de acuerdo con que esa parte fuera modificada.

Citas de pie de página

1. Thomas Hobbes (1588-1679). Filósofo y pensador político inglés, cuyas teorías mecanicistas y naturalistas provocaron desconfianza y polémica en círculos políticos y eclesiásticos. La

filosofía de Hobbes representa una reacción contra la libertad de conciencia de la Reforma que, según afirmaba, conducía a la anarquía. Hobbes elaboró su política y su ética desde una

base naturalista: mantenía que las personas se temen unas a otras y por esta razón deben someterse a la supremacía absoluta del Estado tanto en cuestiones seculares como religiosas.

2. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Filósofo, teórico político y social, músico y botánico francés, uno de los escritores más elocuentes de la Ilustración. Estudió diversos ámbitos de

la filosofía social. El contrato social es una defensa clásica de la forma democrática de gobierno. Rousseau confiaba en la ‘voluntad general’ de un pueblo democrático, expresado en el voto

de la mayoría, para adoptar las decisiones importantes. Esta confianza en la mayoría contrasta con las ideas de los filósofos que defendían los derechos individuales y minoritarios.

3. Mauricio García Villegas. Profesor de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y

Sociedad, DeJuSticia. Abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Doctor en Ciencia Política de la Universidad Católica de Lovaina. Se ha desempeñado como Magistrado auxiliar

de la Corte Constitucional y como Director del CIJUS (Centro de Investigaciones Sociojurídicas de la Universidad de los Andes). Ha sido profesor visitante en la Universidades de

Wisconsin-Madison (USA), de la Universidad de Pierre Mendes France de Gre

4. Sócrates (c. 470-c. 399 a.C.). Filósofo griego, considerado el fundador de la filosofía moral o axiología, que ha tenido gran peso en la posterior historia de la filosofía occidental por

su influencia sobre Platón

5. Immanuel Kant (1724-1804). Filósofo alemán, considerado por muchos como el pensador más influyente de la era moderna. Exploró las posibilidades de que la razón pueda regir el

mundo de la experiencia. En sus críticas a la ciencia, moral y arte, Kant intentó extraer normas universales a las que, según él, toda persona racional debería suscribirse. En su Crítica de

la razón pura (1781) Kant sostenía que las personas no pueden comprender la naturaleza de las cosas en el Universo, pero pueden estar racionalmente seguros de que lo experimentan

por sí mismos. Dentro de esta esfera de la experiencia, nociones fundamentales como espacio y tiempo son ciertas.

6. Rodolfo Arango Rivadeneira. Ph.D. summa cum laude en Filosofía del Derecho y Derecho Constitucional. Maestría en Filosofía. Estudios de postdoctorado, Universidad de Kiel,

Alemania, 2004. Doctorado en Filosofía del Derecho y Derecho Constitucional, Universidad de Kiel, Alemania, 2000. Magíster en Filosofía, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá,

Colombia, 1995. Estudios de Derecho Constitucional Comparado en la Universidad Notre Dame, Indiana, Estados Unidos, 1991. Estudios de Filosofía (seis semestres) en la Universidad

de los Andes, Bogotá, Colombia, 1987-1989. Licenciado en Derecho, Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia, 1987. Estudios de Derecho Civil y Comparado en la Universidad de

Maguncia, Alemania, 1983-1984.

Carlos Gaviria Díaz*

*Nació en Sopetrán, Antioquia, en 1937. Doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de

Antioquia. Cursó estudios de Jurisprudencia, Ley Constitucional y Teoría Política en la Universidad de

Harvard, Estados Unidos. Fue Senador de la República, Magistrado y presidente de la Corte Constitucional. Fue juez promiscuo municipal de Rionegro, Antioquia. Profesor de la Universidad de Antioquia, donde además ocupó los cargos de Vicerrector General y Decano de la Facultad de Derecho y

Ciencias Políticas. Ha sido candidato a la presidencia de la República, por el Polo Democrático

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