La herencia del siglo XIX

Tomado de: Jaramillo Uribe, Jaime, comp. Manual de historia de Colombia. Tomo III. Capítulo XXVIII.   Páginas 17-22

EL PAÍS RECIBÍA EL SIGLO XX en medio de una guerra y ella, de muchas maneras, iría a pesar sobre el desenvolvimiento económico de los años siguientes. De la guerra se esperaba que fuese corta; uno más entre los innumerables conflictos de un siglo XIX tan acostumbrado a ellos que, para estimar la edad de alguien bastaba, según se decía, preguntarle cuál era la última guerra en la que había participado. Pero esta Guerra de los Mil Días fue no sólo la más larga, la de efectos más devastadores, sino también la última. En adelante, la burguesía iría a comprender que sus proyectos de progreso debían antecederse de la estabilidad política. Esta guerra, más que ninguna otra, había mostrado hasta qué punto la desarticulación del orden político ponía en peligro los intereses económicos: entre 80.000 y 100.000 muertos en combate o por las frecuentes epidemias que la guerra provocaba, era una cifra demasiado gravosa para una población que a comienzos del siglo apenas si llegaba a los cuatro millones de habitantes. Ello sin contar con la sustracción de brazos de la agricultura a cuenta de la leva para formar los ejércitos de “reclutas y voluntarios” organizados a la fuerza con los peones de las haciendas, lo que no dejaba de traducirse en una paralización de las labores agrícolas. Pero también sobre la agricultura recaían las “contribuciones forzosas y extraordinarias” con las que los ejércitos balanceaban sus finanzas, las confiscaciones de ganado y los asaltos propios de la actividad guerrillera (concentrado en las prósperas zonas cafeteras de Viotá, el Sumapaz y el Tequendama), a todo lo cual debía sumarse el desmembramiento y la paralización casi total del tráfico y las comunicaciones, tanto por las operaciones de guerra como porque los barcos y los escasos ferrocarriles solían ponerse al servicio del transporte de guerra:

“El país —escribía don Jorge Holguín un poco después del término de la guerra— quedó devastado; la miseria y la desolación reinaban en todas partes; como no había siembras, no se cosechaba nada; el comercio abatido; los negocios completamente paralizados, no faltaron casos de gentes que murieran de hambre, lo cual en un país tan rico como Colombia da la medida de los males terribles que causó esta guerra que duró más de tres años. La destrucción de la riqueza pública mientras duró este flagelo, se calculaba en 25 millones de pesos oro” (.1 Cit. por ALVARO TIRADO MEJÍA, en Aspectos sociales de las guerras civiles en Colombia, Instituto Colombiano de Cultura, Biblioteca Básica Colombiana, 24 serie, vol. 20, pág. 85.)

Además de las pérdidas materiales y de la visible decadencia de la actividad económica, recaían sobre el país los procedimientos con que el gobierno financiaba su participación en la guerra. Las finanzas estatales se convirtieron casi exclusivamente en un medio de mantenimiento de los ejércitos, y para ello se recurrió a impuestos que gravaban las exportaciones, obligando a los productores de café a vender al Estado una parte de la producción pagadera en papel moneda, al tiempo que las rentas debían ser pagadas en oro. Al efecto que sobre la producción cafetera tenían los impuestos (y que con razón los hacendados hacían equivaler a la expropiación), debía sumarse el impacto de las emisiones monetarias. Evidentemente, a fines de octubre de 1899, dos semanas después de iniciadas las hostilidades, el gobierno autorizó a la junta de emisión para que emitiera indefinidamente y pusiera a su disposición las cantidades que se necesitaran en el restablecimiento del orden público y para poner de nuevo en circulación los billetes destinados a la incineración que estuvieran todavía en condiciones de utilizarse. El proceso para eliminar el papel moneda de curso forzoso y sustituirlo por la moneda metálica, al cual parecían arribar todas las decisiones monetarias de fin de siglo, se interrumpía abruptamente y el país se lanzaba a emisiones cada vez más desenfrenadas. Desde 1886, año en que se estableció el papel moneda, hasta octubre de 1899, cuando estalló la guerra, las emisiones habían alcanzado solamente una cifra un poco superior a los cuarenta millones de pesos. De octubre de 1889 hasta la reunión del Congreso de 1903, se habían emitido cerca de novecientos millones. El primer efecto de este desborde monetario fue la depreciación del papel moneda, que llegó a niveles ras! inverosímiles: el tipo de cambio que se colocaba en 412% en los comienzos de la guerra, llegaba en octubre de 1902 al 18.900%, habiéndose registrado operaciones al 20.000%.

Al tiempo que el papel moneda se depreciaba, la inflación llegaba a niveles exorbitantes, el crédito se cerraba por completo, pues la inflación recaía particularmente sobre los acreedores que veían cómo su capital de préstamo se esfumaba en la espiral inflacionaria y por supuesto no dejaba de desatarse el fenómeno especulativo y el comercio ilegal de bienes, del que se decía inclusive que era favorecido por el presidente y sus amigos.

La guerra dejaba, pues, como saldo, la paralización de la agricultura, el rompimiento del comercio y de las comunicaciones y un desvertebramiento total de la circulación monetaria y de la esfera financiera. Corresponderá al gobierno de Reyes, iniciado en 1904, la tarea de reconstruir el país en el orden económico y (especialmente en el terreno monetario, comenzando por la estabilización del tipo de cambio al 10.000% y por el establecimiento del peso oro como unidad monetaria, siguiendo luego la libre estipulación en los contratos civiles y en las transacciones comerciales y la conversión del papel moneda por moneda metálica, en fin, todo lo que tendiera a revaluar la moneda, a fortalecer el tipo de cambio y a restablecer la confianza en el signo monetario.

Consolidada la dictadura de Reyes, se dio paso a un cambio en los criterios de manejo de la administración pública, incorporando a ésta a los “hombres prácticos” sacados de la actividad privada para vincularlos al servicio público. En el lema “menos política y más administración”, con que se recibió su gobierno, se veía un estilo de administración que se inclinaba por sentar las bases para el desarrollo ulterior de la economía, utilizando para ello el aparato de Estado y su aún precaria capacidad de intervención. Reyes se dispuso a imponer un vasto plan de reformas, comenzando por fortalecer el presupuesto: se nacionalizaron algunas rentas a costa de los presupuestos departamentales, engrosando los ingresos del gobierno central; se organizó el Banco Central para manejar las rentas de gobierno con criterio casi de empresa privada y se centralizaron en él las emisiones monetarias, se le facultó para el cobro de los giros por derechos de importaciones y para atender el servicio de la deuda pública, saneando ésta en los mercados internacionales de valores y aumentando en ellos la credibilidad en la capacidad de pago del país.

Centralizados los ingresos públicos, eliminados de su utilización los intereses locales y fortalecidos la posición del ejecutivo en materia de gasto público, se pudo emprender un vasto plan de obras públicas. La navegación y los ferrocarriles, que apenas si habían merecido alguna atención, recibieron un notable impulso, se reanudaron los trabajos en los ferrocarriles de Antioquia, Girardot y el Pacífico y se prolongaron otros. Los coloniales caminos de herradura comenzaron a transformarse en carreteras y la navegación por el Magdalena restableció el curso normal de antes de la guerra.

Se acentuó también el hasta entonces incipiente proteccionismo industrial y se dieron toda clase de subvenciones y apoyos a los empresarios. Los sectores empresariales, aunque incómodos en ocasiones por la arbitrariedad de la dictadura, veían con complacencia un régimen de protección industrial que aumentaba los derechos de importación, que creaba nuevos gravámenes, que subsidiaba las empresas y garantizaba la rentabilidad de las inversiones asegurando una subvención al capital invertido. Si bien la protección arancelaria tenía ante todo un ánimo fiscal y el estímulo a la industria provenía más bien de las subvenciones directas y de los privilegios de monopolio, no es menos cierto que con ella se dio un impulso definitivo a la industrialización del país; comentando el sistema proteccionista implantado por Reyes, Ospina Vásquez anota: “Si de lo que se trataba era de hallar una forma de proteccionismo operante, los altos derechos indiscriminados no bastaban… favorecer débilmente la producción industrial nacional en la forma de los altos derechos a la importación con la esperanza de que alguien se lanzara a una empresa cuyos riesgos y dificultades eran enormes, no tenía objeto: la tarifa elaborada sobre estas bases se convertía en una simple tarifa fiscal y tal vez ni siquiera la más productiva… el «quicio» que había que salvar para establecer industrias de tipo moderno en el país era enorme, entre otras razones, pero muy principalmente, por la escasez de empresarios en él; mejor, por la desproporción entre los riesgos y la voluntad de asumirlos y, secundariamente, por la falta de técnica. Asegurando (la política de Reyes) por medio de las diferencias en los derechos de aduana pagados por una «materia prima» (en realidad un producto semielaborado) y el producto elaborado correspondiente, resultado de unas pocas operaciones sencillas aplicadas a la primera, un margen de ganancia suficiente, quedaba sumamente reducida, casi suprimida, la necesidad de empresarios en el sentido de aptitud para asumir riesgos; no había riesgos, y limitado el proceso de elaboración que se había de desarrollar en el país a pocas operaciones, las últimas, se obviaba en buena medida el obstáculo que presentaba la escasez de capitales y de técnica (2 Cit. Luis Ospina Vásquez, Industria y protección en Colombia, Medellín, Edit. Santa Fe, 1955, pág. 339. En efecto, el arancel de 1905 garantizaba elevados derechos de aduana para bienes finales, pero muy bajos para las materias primas semielaboradas o elaboradas. Así, bastaba importar éstas, transformarlas ligeramente y venderlas corno bien final con un alto margen de ganancia asegurado por la protección a este tipo de bienes.)

Por un corto tiempo, pero el suficiente para adquirir un dinamismo propio, la industria pudo desarrollarse ampliamente en casi todas las regiones del país al amparo de este tipo de protección. Con el Impulso dado a las obras públicas, con la obtención de recursos de deuda externa y con un estímulo a la industria que perduraría en sus características básicas hasta la década de los veinte, se operó un acentuado cambio en la atmósfera del país, poniéndose en un plano distinto la pugna política y suscitándose, a cambio, un interés por el progreso económico. Como señala el mismo Ospina Vásquez, en cierto sentido se había invertido la fórmula de los radicales: no se trataba de que la libertad nos trajera el progreso, sino más bien que el progreso nos trajera la libertad, y era ésta más o menos la concepción que subyacía en el programa económico de la administración de Reyes.

La industria adquiriría, a partir de aquellos años, Un dinamismo que contrastaba con la precariedad industrial de los últimos años del siglo XIX. Hasta entonces, salvo la prosperidad manufacturera de Antioquía, asociada a la acumulación comercial producida por las explotaciones mineras, una que otra fábrica en Bogotá y las artesanales industrias de Santander y Nariño, el país no registraba prácticamente ningún comienzo de industrialización. La producción manufacturera nacional de antes de la guerra padeció un prolongado proceso de estancamiento atribuido a los cambios políticos introducidos por la Regeneración, a las sucesivas crisis del comercio internacional, al abandono de los esfuerzos proteccionistas y a la competencia extranjera. Además de estas causas, a veces circunstanciales, estaba la imposibilidad estructural de constituir un entable industrial por la falta de mercados. Un país con una precaria magnitud demográfica, con dificultades de transporte y de comunicación, agravados por las frecuentes guerras, no podía, ciertamente, constituir una esfera de circulación lo suficientemente sólida como para sacar a la manufactura del ámbito puramente local: “si se observa cuáles fueron las industrias que sobrevivieron esos decenios de agitación, pobreza y desintegración social —escribe Poveda Ramos a propósito de los treinta últimos años del siglo XIX—, se puede apreciar que fueron las que respondían a una demanda interna firme, usaban materia prima íntegramente nacional y se adaptaban a la vocación laboral de nuestros operarios: textiles, loza, cervezas, maquinaria liviana, cerillas, alfarería, cerámica y vidriería (3 Cit. GABRIEL POVEDA Ramos, “Historia de la industria en Colombia”, en Revista Trimestral de la ANDI, núm. 11, 1970, pág. 31.)

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